LAS PARADOJAS DEL SISTEMA PENAL Resulta paradójico que en un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la Dignidad del Hombre, la Libertad, la Igualdad, y la Solidaridad, según el preámbulo y el artículo primero de nuestra Constitución Nacional, el Gobierno gaste ingentes cantidades del presupuesto de la Nación en la construcción, cada día, de nuevos centros de reclusión mientras las necesidades de nuestra población en educación, salud, capacitación y vivienda son, día a día, mayores y reclaman, con angustia, una urgente, justa e inaplazable solución por parte de los gobiernos para que puedan presentarse como legítimos. Lo anterior por cuanto si se revisan los archivo periodísticos – “El Tiempo” de Septiembre 24 de 2003 , “Portafolio”del 4 de Febrero del mismo año y el Colombiano de Diciembre 3 de2005- en el ultimo lustro se construyeron varias cárceles como la de Valledupar, Combita, Girardot, la Dorada y Palogrande, entre otras, mientras, por ejemplo, ni un solo hospital se ha construido en el mismo período y lacerante resulta la crisis hospitalaria por la que atraviesa el país, en que no solo no se abren nuevos centros sino que cada año se cierran varios de distintas categorías. Con el expediente de que las 148 cárceles que hay en el país, con capacidad para albergar 48.441 reclusos, no son suficientes para albergar los 61.009 internos que, según el citado artículo de “El Tiempo”, constituye la población carcelaria, a un ritmo de crecimiento diario de mil reclusos y que por ello es urgente levantar, cada día, nuevos centros penitenciarios, se podría justificar, igualmente, la necesidad y urgencia de construir nuevos centros hospitalarios pues no hay duda que las necesidades hospitalaria de la inmensa mayoría de nuestra población cada día son mayores. Es como si la solución para la cantidad de muertes violentas en el país estuviera en abrir o construir nuevos cementerios. Resulta paradójico que en un Estado donde se presume la inocencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, el gobierno, sacrificando recursos valiosos para la inversión social, construya cárceles para mantener privados de la libertad a las personas mientras se les dicta sentencia, ignorando, además, que la Libertad es un Derecho y uno de los elementos fundantes del modelo de Estado que se plasma en nuestra Constitución y que la privación de ella es la excepción. Lo anterior es revelador, por otro lado, de que la política criminal del Estado, si es que existe, es un fracaso porque de otra manera no se entiende cómo es que la población carcelaria, según la información periodística citada, crece en mil reclusos cada día, lo que significa, simplemente, que las cárceles no son centros de resocialización sino, por el contrario, de desocialización, que explica, de paso, el creciente número de reincidentes y el consecuente hacinamiento carcelario. Pareciera, aunque resulte paradójico, que el Estado pretende resolver el problema del desempleo encarcelando a las personas porque en lugar de utilizar sus escasos recursos para educar, capacitar para un oficio, crear fuentes de empleo, los está utilizando en construir centros de reclusión de los que, por no existir la voluntad política de rehabilitar al interno, se les está “reinsertando” a la sociedad, resentidos, porque muchas veces ella es la que lo lleva a delinquir y, posteriormente, los abandona a su suerte en el reclusorio. Con esta política represiva el mensaje que se le envía a la comunidad es que resulta más barato o, si se quiere, menos caro encarcelar a los desempleados que crear fuentes de empleo, porque para nadie es un secreto que la clientela del derecho penal está constituida, en un noventa por ciento, por personas pertenecientes a las clases menos favorecidas, esto es, a aquella donde más duro golpea el fenómenos del desempleo, ello explica la agresiva política de aumentar el número de cupos carcelarios, en lugar de aumentar el número de cupos en los colegios o de camas en los hospitales. Si la cárcel fuera la solución a los problemas de la criminalidad no estarían llenas de reincidentes. El anterior estado de cosas no es gratuito si se entiende que la política de seguridad democrática, basada en la represión del conflicto, en la penalización del disenso, requerirá cada día de más cárceles para albergar, en condiciones denigrantes, a todas aquellas personas que el Estado abandonó a su suerte desde su infancia y que hoy, sin legitimidad para ello, les reprocha su desviado comportamiento. No resulta legítimo que el Estado reclame algo que no ha dado, reprochando conductas a un ciudadano que al Estado nada le debe, al que relegó, excluyéndolo y cerrándole la posibilidad de convertirse en un hombre digno y útil a una sociedad que lo trate con respeto. Por ello, se puede concluir, la que necesita resocializarse es la sociedad. Podría afirmarse, con razón, que el Estado necesita defenderse de los embates de la delincuencia en tanto constituyen un atentado contra el orden público y que la cárcel, comparada con la pena de muerte, la tortura o las penas corporales, significa un avance en la evolución humanitaria de la pena, pero la realidad es que con la cárcel, en Colombia, dado el estado inconstitucional de cosas que declarara la Corte Constitucional mediante tutela T-153 de Abril 28 de 1998, no solo se restringe la libertad de las personas, sino, y lo más grave, se les desconoce su Dignidad, pues se les trata como una cosa, se les identifica con un número, se homogenizan con un uniforme, se les recluye en condiciones infrahumanas, se les alimenta con migajas y, no obstante estar prohibido por la Constitución, se les somete a tratos crueles e inhumanos. En tales circunstancias la pena solo se utiliza para reprimir, en una especie de venganza pública, de retaliación con aquel que, por alguna circunstancia, desafió, con su comportamiento ilícito, el ordenamiento jurídico. Y lo más preocupante del asunto es que nuestros fiscales y jueces le están haciendo el juego al gobierno en la señalada política represiva. Ellos, que debieran ser los garantes del respeto a los Derechos, valores, principios y deberes consagrados en la Carta Magna, están siendo inferiores al reto que significa la implantación, en la realidad, de un Estado Social de Derecho, fundado en la Dignidad, Igualdad, Libertad, pues sin ningún reato van ordenando capturas masivas, capturan para investigar, profieren penas que, en la practica, son perpetuas; condenan sin reo presente y la mayoría de las veces, sin conocerlo, menospreciando, al momento de redactar las sentencias, el capítulo referido a la punibilidad, dejándolo, inclusive, sin motivación. Los funcionarios judiciales no pueden ignorar el efecto devastador de la cárcel, el carácter irracional, muchas veces, de las penas, por ello deben, al momento de privar de la libertad a una persona, de imponer una pena, examinar, como lo ordena la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derecho Humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, si la medida o la pena es necesaria, es proporcional y es razonable, de otra manera se constituirían en un acto de barbarie y el Estado se pondría al mismo nivel del delincuente. No porque el gobierno y los jueces, al establecer y aplicar las penas, obren dentro de los parámetros de la legalidad se puede inferir, per se, su legitimidad, pues esta reclama que el Estado se erija un instrumento al servicio del ciudadano, para que con todos sus recursos elimine los factores criminogenos y el condenado, al acabar de pagar su pena o al final de su reclusión, encuentre una sociedad digna de reinsertarse en ella. . GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA GARRIDO